31 diciembre, 2011  |  PROYECTOS......INTERVENCIONES......ARTÍCULOS PUBLICADOS Este fue un año eminentemente político: un año electoral. Si las elecciones son la gran oportunidad que tienen las sociedades para mirarse a sí mismas, indagarse sobre los temas y los problemas que las aquejan y decidir a quién se le delega la representatividad para que resuelva esos temas y problemas, la política es la que aparece en el centro de la escena, domina la escenificación pública. Sin embargo, como sucede con los años electorales, la actividad legislativa estuvo limitada por la agenda de las campañas. En marzo de este año, cuando aún estaba muy lejos de imaginar que podía yo misma ser candidata, escribí un artículo sobre el riesgo que entraña un Parlamento vacío: “Es tan extraño como peligroso: por causa de las elecciones se restringe la actividad parlamentaria. Sin pluralidad de voces ni participación en el Parlamento y en la esfera pública, la democracia se empobrece y la sociedad se ahoga en ese encierro. Extraña paradoja la de nuestra confusa democracia, que por causa de las elecciones se cancela lo que precisamente la fundamenta: la actividad legislativa. Si el Parlamento es, institucionalmente, el corazón del sistema representativo, por el que los ciudadanos delegan su poder, es un contrasentido que el Congreso sea forzado a un receso por causa de las campañas electorales”. Sin embargo, como las elecciones sirven para legitimar a los gobernantes y el Parlamento es el lugar en el que se escenifica el “pacto verbal” de la democracia -como verdad y no como simulación-, en los tiempos electorales el debate parlamentario debiera ser remplazado por un auténtica discusión pública en torno a los temas que nos increpan, desde la pobreza hasta la inflación. Frente al “marketing político”, al mercadeo de los publicistas que ofrecen candidatos como si fueran productos, más propensos a vender las ilusiones de la publicidad que las certezas que debiera ofrecer la política, vale preguntarse si lo que en realidad está herido entre nosotros es el debate público, la discusión democrática. Sin la  participación de la ciudadanía en el debate se corre el riesgo de que el sistema político, que es la democracia, se reduzca a las elecciones, sin incorporar como cultura de convivencia la idea matriz de la alternancia: los que hoy son minoría puedan ser las mayorías del mañana. Tal como sentencia la sabiduría popular escondida en el refranero -“a los bueyes se los une por los cuernos; a los hombres, por las palabras”-, los seres humanos somos personas parlantes, de modo que la convivencia política demanda que compartamos el significado de las palabras. Esto es, la democracia debe querer decir para todos lo mismo. La condición previa al debate público es que nos movamos dentro de los parámetros de la democracia, tal como la institucionalizó nuestra Constitución. Los derechos, como valores universales, no se interpretan: se cumplen. Le cabe al gobernante garantizarlos y a la ciudadanía ejercerlos con responsabilidad, la única limitación a la libertad. Si bien esta concepción de la democracia participativa está incorporada ya en la Constitución reformada de 1994, que al subordinarse a los Tratados internacionales de Derechos Humanos consagró los principios de las democracias sociales surgidas en la década del sesenta en Europa, todavía está mal reconocida entre nosotros, ya que amplios sectores de nuestro país siguen reduciendo la democracia a las elecciones y al mercado. Lejos de esa concepción social que hace del ciudadano su centro y busca garantizar su participación con instrumentos legales, como son el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios. No se me escapa que la democracia política se invalida muchas veces por la falta de democracia social y, tal como la describe el teórico Giovanni Sartori, hoy aparece desteñida, opaca. Sin embargo, las demandas de perfeccionamiento o la democratización de la democracia no deben llevarnos a invalidar el sistema político, mucho menos en un país como Argentina, dominado por el autoritarismo, con la tragedia del terrorismo de Estado a la vuelta de la esquina histórica. Es por eso que el debate público, el “parlare”, ocupa un papel central en la convivencia con los otros. Es nuestra responsabilidad hablar antes de temas e ideas que de chismes y personas, ya que nada revela más el estadio de desarrollo de una persona o de una sociedad que saber de qué se ocupa, si de las cosas, las personas o las ideas. En Argentina, me temo, aún no pudimos salir del precio, el dinero, el tener. La actividad parlamentaria se sintetiza en la representación, la legislación y el control, los parámetros dentro de los que debe ser juzgada. Para que sea legítima, la representatividad debe surgir de elecciones libres, que garanticen el debate público sobre los temas y problemas y revelen la idoneidad personal y ética de aquellos que piden la confianza de la sociedad. Ese es el sentido de las elecciones. Una vez en la banca, esa legitimidad se pone a prueba a la hora de aprobar o rechazar proyectos de leyes. El voto honesto, libre de las presiones políticas o económicas, que son las que se ejercen sobre los legisladores. Algunas de manera abierta, como cuando la ciudadanía acerca sus proyectos, repudia otros o inunda nuestras casillas de correos con esas manifestaciones. Las otras, más odiosas, las que se hacen en sordina cuando los que ven contrariados sus intereses económicos buscan acercarse personalmente a los legisladores. Si de lo que se trata es de construir un gobierno de las instituciones la mejor protección personal es saber que en los despachos hay funcionarios, no amigos, para evitar ese vicio de la política primitiva: el trueque, la deuda de favores, como si el poder de los funcionarios se construyera a expensas del pedido de los otros. LEGISLAR. Estrené mi vida legislativa con la misma impaciencia que reconozco en la ciudadanía sobre los tiempos parlamentarios. El tiempo que lleva “tramitar” un proyecto de ley desde su elaboración, tanto cuando responde a demandas de la sociedad o cuando debemos responder con leyes a las exigencias internacionales por los tratados que hemos suscripto. Es el caso del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que Argentina se comprometió a crear y que a pesar de tener media sanción de la Cámara de Diputados, no hemos todavía logrado aprobar. Ese mecanismo, que sobre todo permite un monitoreo sobre las cárceles de nuestro país, deberá contribuir para sancionar las viejas prácticas de tortura dentro de los penales, nombrada eufemísticamente como “apremios ilegales” cuando muchas veces son torturas, con todas las letras, como en tantos casos por los que hemos presentado pedidos de informes a las autoridades penitenciarias. Vale recordar que por primera vez en los casi treinta años de democratización, Argentina debe someterse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzosa de Iván  Eladio Torres, detenido en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Argentina está igualmente atrasada en relación a su legislación penal juvenil, ya que existe una presión social sobre la baja de la edad en la inimputabilidad de los menores. Un debate que debiera encontrarnos trabajando para persuadir a los medios de comunicación en la responsabilidad que tienen sobre la información que involucra a menores. Desde que la información se terceriza y son las instituciones policiales o judiciales las que reemplazan a la que debe ser la mediación del trabajo periodístico, los noticieros están dominados por la muerte. Ese fragmento televisivo que se confunde con la totalidad y lleva a que el miedo domine a la sociedad, que cae en la tentación de creer que la seguridad depende de más rejas y cerrojos y no del trabajo sostenido para que nuestros niños y jóvenes reciban educación y sean respetados en su dignidad. En un país como el nuestro, en el que se premia antes el número de proyectos presentados que su calidad, he constatado con perplejidad la ignorancia que existe en relación a la tramitación de las leyes. No la ignorancia del ciudadano de a pie sino de profesionales, en algunos casos también de intelectuales, que se acercan a los legisladores para demandar normas que benefician a un sector determinado. Legítimos reclamos que se llenan de impaciencia frente a las demoras parlamentarias, sin saber que las leyes deben cumplir con un trámite que depende de las comisiones a las que ese proyecto es girado -no siempre de manera racional y lógica-, el análisis de los asesores, las negociaciones para llegar al consenso, una aspiración legislativa menos antipática que la exhibición de las mayorías con las que se cancela el debate. No me es ajeno el sentimiento de malestar de la ciudadanía con esa lentitud, sobre todo porque somos los legisladores de la oposición los que más padecemos esa falta de celeridad cuando se trata de nuestros proyectos. La ciudadanía suele cometer cierta injusticia cuando generaliza y no consigue reconocer que detrás del trabajo legislativo existen personas comprometidas, estudiosas e idóneas, que se dedican a la noble tarea de legislar, sin la cual mal podemos preciarnos de vivir en democracia. Es cierto que el lenguaje parlamentario no es sencillo ni está al alcance de la compresión de todos, pero ya es un paso democrático entender que cada una de las decisiones que se toman en nombre de los representados modifica y afecta la vida de todos. Insisto: si la ciudadanía ignora o desprecia el trabajo legislativo, ¿por qué habría de demandar perfiles de idoneidad, acordes a esa función? Yo misma debí tomar todo el tiempo de este año para dar forma a un proyecto que se gestó como necesidad tras el debate en torno a la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, surgidas al calor de las demandas sociales frente a la minería a cielo abierto o a la sojización que en muchas partes de Argentina se hace a expensas de la depredación de nuestros recursos naturales, convertidos en riquezas tras la codicia del dinero. Porque tal como bien nos advirtió Gandhi, en el planeta hay recursos para todos pero no alcanzan para la codicia. Por haber llegado tarde a la democracia y al consumo, todavía en Argentina se extorsiona a los ambientalistas bajo la acusación de que “atentan contra el desarrollo”, cuando lo que enseñan las democracias desarrolladas es que crecimiento económico no necesariamente implica desarrollo. Sobre todo cuando se hace a expensas de lo que nos pertenece, como son las montañas y los ríos. ¿Pero si no sabemos qué tenemos, cuáles son las especies, la fauna, los animales amenazados, cómo podremos preservarlos de manera integral, sustentable, para usar un término que es casi un lugar común en las cuestiones ambientales sin que el concepto se haya incorporado como cultura compartida? En ese sentido presenté un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación de la Biodiversidad, convencida de que la protección del ambiente ya no es tan sólo una necesidad social manifestada por aquellos que son afectados directamente por la depredación sino que es un derecho humano y, por eso, un derecho de la sociedad a vivir en ambientes limpios. En relación al proyecto de ley, se trata de dotar al Estado de un instrumento legal que le permita detener el deterioro de la biodiversidad y garantizar la conservación y el uso sustentable de todas las especies y hábitat de nuestro país. Es función indelegable del Estado cuidar del ambiente, estableciendo los parámetros dentro de los cuales se va a ejercer la actividad económica. Si de lo que se trata es de preservar el material genético que define a la biodiversidad, se debe tomar conciencia de que la rapidez de la devastación camina mucho más rápido que la misma naturaleza. La destrucción de un hábitat determina la extinción de muchas especies, ya que la muerte de una de ellas puede determinar la desaparición de otros. Ese prodigio de conexión e integración de la naturaleza, tan poco entendida por el hombre. Vivimos en el planeta y Argentina no escapa a la generalización en un proceso de destrucción que no registra paralelos en la Historia, tal como podrán constatar en los fundamentos del proyecto. Argentina aprobó ya el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1994, resta ahora cumplir con los compromisos allí asumidos. A las sociedades desarrolladas debemos emularlas en todo lo que nos sirve de buenos ejemplos y aprender de las consecuencias que dejó un desarrollo industrial que se comió las montañas o envenenó los ríos de los países más ricos de la Tierra. CONTROL. El control es otra de las funciones indelegables del Congreso. Especialmente cuando se integra circunstancialmente el universo de “los opositores”. Muchas veces las denuncias de los ciudadanos en particular y la prensa en general son las que nos advierten sobre el quehacer que demanda aplausos, como cuando declaramos nuestros “beneplácitos”, o que demanda atención, como cuando solicitamos al Poder Ejecutivo información sobre algunas distorsiones o incumplimientos de la ley. Las llamadas “declaraciones de beneplácitos” que piden con derecho muchas instituciones para jerarquizar sus obras y acciones suelen convertirse en abuso o son las que ridiculizan la actividad parlamentaria, desde que algunos sectores de la prensa y hasta los propios legisladores juzgan el trabajo por el número de los proyectos presentados y no por la actividad legislativa, que debería medirse por el compromiso en los temas y en el debate y no por la profusión de proyectos, que no siempre revela calidad o estudio. Tal como se constata en esta rendición de cuentas, este año trabajamos especialmente en pedidos de informes o “de comunicación”, como se denominan en el Senado. El “nosotros” incluye a quienes menos se repara en el quehacer legislativo: los asesores, sobre cuya idoneidad y responsabilidad  recae la calidad de nuestro trabajo. En mi caso, me enorgullezco de mis colaboradores, quienes en sus áreas respectivas me asesoran sobre la que ha sido mi temática legislativa: los derechos humanos, la cultura, la libertad de expresión y opinión, los temas ambientales y los asuntos constitucionales. Y tal como sucede en la vida personal, somos lo que miramos: qué nos preocupa, qué nos interesa o nos increpa. Los pedidos de informe al Poder Ejecutivo son una herramienta legislativa para cumplir con la función de control, inherente a la actividad parlamentaria. Si se ignoran las funciones del legislador, ¿cómo medir o juzgarla? La función de representar, de legislar y controlar debe sustentarse en la legitimidad de las buenas decisiones, que no pueden ser otras que la honestidad de intención y acción. Le cabe al Congreso la sanción de las leyes, pero si el Ejecutivo no reglamenta a tiempo las normas aprobadas con el voto mayoritario de los legisladores, esa falta de reglamentación actúa como un veto encubierto. Es lo que sucede con la Ley de Defensa del Consumidor, votada tardíamente en relación a sociedades más desarrolladas, pero que al no ser plenamente reglamentada reduce a las personas a meros consumidores en lugar de ciudadanos de pleno derecho, tal como consagra la ley 26.361, que modificó la ley 24.240, para ampliar esos derechos. Por eso le cabe al Congreso seguir insistiendo para que el Poder Ejecutivo reglamente esa ley fundamental y los consumidores sean respetados como ciudadanos. Entre esos derechos está el de la “portabilidad numérica”, que es la capacidad de los usuarios a conservar el número telefónico cuando cambia de compañía, una necesidad que imponen las nuevas formas comerciales de producción y relación, ya que socialmente el teléfono ha dejado de ser un simple medio de comunicación, expresado también en la dimensión económica de las mismas empresas telefónicas. En este caso, nos hemos dirigido al Ejecutivo porque no hay razón para que aplace el régimen de portabilidad numérica y le haga pagar a los propios usuarios el ejercicio de su derecho. La puja o tensión entre los intereses económicos y los derechos ciudadanos adquiere su forma más descarnada en los bienes que forman parte del patrimonio histórico y cultural de todos los argentinos y que, sin embargo, suelen quedar aplastados bajo la piqueta de la especulación inmobiliaria sin que el Estado cuente con los organismos técnicos o la decisión política para contraponer a la prepotencia económica. Córdoba, por su herencia histórica, se convirtió en un caso paradigmático ya que se autorizaron construcciones sobre las llamadas “zonas de amortiguamiento”, reglamentadas por la UNESCO para aquellos bienes que son Patrimonio de la Humanidad. Otro tema sobre el que pusimos la lupa, reclamamos informes a aquellos que tienen la obligación de proteger esos bienes y, sobre todo, intentamos promover el debate de cara a la opinión pública a través de un foro de participación ciudadana que reveló una interesante pluralidad de perspectivas. El control de la administración de los recursos públicos también es una obligación del Parlamento, tanto cuando se destina un presupuesto significativo en obras todavía inconclusas, como es el caso del Plan “Obras del Bicentenario”, como cuando se decide tercerizar responsabilidades propias del Estado. Desde 2007 nuestro país ha derivado decenas de proyectos de diferentes áreas a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), una entidad que provee servicios de administración, que incluyen la selección y la contratación de personal, la adquisición de bienes, la organización de la capacitación y la administración de recursos financieros y de créditos. Si bien con la contratación de UNOPS se pretende dotar de transparencia a los procesos licitatorios o a la gestión de los programas, paradójicamente, la información sobre éstos es escasa o nula. Así lo confirmamos cuando nos dirigimos oficialmente a la Cancillería, que denegó nuestra solicitud de información, a pesar de que allí deberían constar los contratos que nos vinculan con el organismo internacional, y nos sugirió dirigirnos a la propia UNOPS para que ésta “decida” si proveernos los datos requeridos. Numerosos fueron los pedidos de informes en relación a los temas de comunicación sobre los que trabajo desde que integré la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, donde las denuncias jamás tuvieron tratamiento parlamentario. Seis años después, poco o nada se ha modificado en relación a la información como derecho, cuya distorsión o discrecionalidad se expresa en la desigual distribución de la pauta oficial, que no solo creció de manera exponencial sino que advierte sobre la concepción antidemocrática de interpretar a los medios de comunicación como propaganda, sin que se respete la idea consagrada universalmente de que la prensa es inherente al sistema democrático. Un valor ajeno a nuestra tradición autoritaria, que se manifiesta en la utilización del “Canal Público” como un medio de gobierno. A la par, la utilización de la publicidad oficial sirvió para crear un sistema de medios de prensa adictos al Gobierno, lo que distorsiona la misma idea de pluralidad democrática. Si las elecciones y la alternancia definen a la democracia, su calidad se mide con la discusión pública, no tan sólo con el debate parlamentario sino en el espacio público de las opiniones. No se trata de justificar todo lo que criticamos en los periodistas sino de saber que sobre la base del “deber ser”, ya no sólo como ideal utópico sino como legalidad compartida, es que debemos exigir y demandar a los medios la responsabilidad inherente al privilegio de hablar por los otros. No se trata de terminar con los medios sino de persuadir y exigir respeto a la dignidad de las personas. Es el caso de la imagen de la mujer en la televisión, revisteril y cosificada, sin que se vincule el drama de la trata de personas con esa mercantilización cultural de la mujer o la desprotección de nuestra infancia. ¿No es función del Estado proteger y garantizar derechos, sobre todo a los sectores más vulnerables? En sus manos cuenta con los medios públicos, que hoy están más ocupados en la degradación y la disputa personal con los dirigentes de la oposición que en servir a la educación y la protección ciudadana. La democratización de la sociedad no depende de quiénes son los dueños de los medios sino de saber al servicio de quiénes están. Si de las ciudadanía a la que se debe servir o si de los gobernantes o los negocios privados. Los monopolios atentan contra la información como derecho, pero a los monopolios se los limita con leyes comerciales, como puede ser la Ley de Defensa de la Competencia. La injerencia del Estado en los contenidos denota una concepción cultural de ciudadanos tutelados a los que se les debe decir qué deben pensar, qué deben leer y a quién votar. Una concepción claramente antidemocrática, que teme la autonomía de personas verdaderamente libres y responsables. El debate sobre los medios y la democracia ocupa a las sociedades y los pensadores de todo el mundo. Sin embargo, si nos acercamos a esos debates nadie pretende terminar con los medios privados o sustituirlos por medios públicos. En esos casos, como los medios públicos no deben regirse por la lógica comercial que domina a los de gestión privada, debieran subordinarse a esa función de servir a la ciudadanía, sin tutelarla. Si lo que define la dignidad humana es la libertad, abrazar a los derechos humanos como filosofía o militancia nos obliga a trabajar para esa libertad, con educación y respeto, para que nadie caiga en la tentación de ceder su libertad a cambio de un plato de comida, un cargo o un favor. Es obligación del Estado garantizar esos derechos, una función que no debe ser confundida con la dádiva o la generosidad de los buenos gobernantes. Nada mide mejor el estadio de desarrollo de una democracia que la calidad de su información. Ni propaganda, ni mercancía. El debate público, que es finalmente el lugar en el que las personas muestran lo mejor y lo peor, aparece dominado por las personas y las cosas. Menos por los temas, ideas o fenómenos. Los que mediatizan ese derecho ciudadano a la información son los periodistas, a los que debemos exigirles idoneidad, independencia de los poderes tanto económicos como políticos. Una ciudadanía alerta y atenta es la que debe premiar con la credibilidad a aquellos buenos profesionales. Al final, la credibilidad es el único y verdadero capital con el que debe contar un periodista. Porque aspiro a que en Argentina suceda lo que se constata en otros países, los mejores periodistas que las empresas se disputan son los que tienen esa gracia social, el respeto de la ciudadanía. Para fortalecer esa idea de un periodista responsable que trabaje a conciencia, sabiendo que él se debe a la sociedad y no a quien le paga su salario, presenté un proyecto de cláusula de conciencia, una protección con la que cuentan los periodistas en Europa desde el inicio del siglo pasado. Un derecho que requiere relaciones democráticas dentro de las redacciones, empresas que no le teman a la utilización laboral de ese derecho y periodistas íntegros que no reduzcan a los editores a meros patrones, ya que ambos deben subordinarse al derecho a decir con libertad y mediar para que la información sea de calidad. Deben los periodistas en Argentina lo que ya han hecho desde hace décadas sus colegas del mundo democrático. Elaborar códigos deontológicos, los principios éticos dentro de los que ejercer la actividad periodística. Un debate que se impone y seguimos postergando. Antes como periodista y ahora como legisladora participo intensamente del debate nacional, tanto como articulista o como panelista en seminarios vinculados a los derechos humanos como en los que tienen que ver con la libertad de expresión o los derechos ambientales, que se nos imponen como agenda. Asigno a este trabajo extraparlamentario una gran importancia. Tanto para crear puentes entre el Congreso y la ciudadanía como para escuchar a los expertos que funcionan como auxiliares del trabajo legislativo. Dentro de ese objetivo, contribuir al crecimiento ciudadano, he promovido debates en el Senado, con la participación de intelectuales y periodistas de prestigio, como fue uno de los que más disfruté: “La palabra en democracia”. Y de eso se trata, también, esta rendición de cuentas. No sólo como mi obligación ante la confianza y la representación delegada sino también poder aportar reflexiones que trasciendan la mera enumeración burocrática del trabajo legislativo realizado. Encontraran en mis artículos parte de mis obsesiones o preocupaciones, pero la confianza recibida en estas elecciones me obliga a superarme y por eso va también mi agradecimiento por poder ejercer la más alta responsabilidad que significa el privilegio de hablar por los otros.

16 diciembre, 2011  |   [ LEER MÁS ]