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Proyecto de Comunicación sobre la gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

PROYECTO DE COMUNICACIÓN La H. Cámara de Senadores de la Nación Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que corresponda acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con la gestión de la Secretaría de Ambiente y …

Publicado el 30 noviembre, 2015 @ 13:50

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La H. Cámara de Senadores de la Nación



Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que corresponda acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con la gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación:

Respecto de la administración general de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS):

1) Cuáles fueron las razones que motivaron una sub-ejecución del 22% del presupuesto asignado a la SAyDS para el año 2014.

2) Cuáles fueron las razones por las que a pesar de registrar una ejecución del 39% del crédito vigente aprobado en el mes de octubre de 2014 se otorgó, mediante Resolución Administrativa 837/14, un incremento presupuestario de $ 253.000.000,00 a la mencionada Secretaría.

3) Cuáles son las razones por las cuales se ha registrado durante los últimos cinco (5) ejercicios presupuestarios cerrados una significativa sub-ejecución del crédito presupuestario asignado a la SAyDS proveniente de fuentes de financiamiento internacional, que redundan en el incumplimiento de las metas propuestas.

4) Cuáles son las razones por las cuales la SAyDS al día 24/11/2015 sólo ha ejecutado el 48.87% del total del crédito presupuestario anual asignado. Precise qué acciones se han previsto a fin de ejecutar la totalidad de las partidas presupuestarias y así optimizar los recursos públicos.

5) Cuáles con las razones por las cuales la SAyDS dejó de publicar desde el mes de marzo de 2010 las “Audiencias de Gestión de Intereses” en el sitio web “Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Poder Ejecutivo Nacional” -administrado por la Jefatura de Gabinete de Ministros-, vulnerando lo establecido en el Anexo III del Decreto 1172/03, “Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el Ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”.

6) Indique la cantidad de personal contratado en la SAyDS diferenciado por modalidad contractual. Detalle la cantidad de nuevas contrataciones efectuadas, bajo cualquier modalidad contractual, durante los ejercicios 2013,  2014 y 2015.

7) Cuáles con los razones por las cuales los proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral o multilateral, nacional e internacional identificados bajo las nomenclaturas “ARG 08-015”,“ARG 10-G49”, ARG 13-006”, “ARG 1868-OC/AR” y “ARG 7362-AR/BIRF”, todos ellos ejecutados bajo la órbita de la SAyDS, no han dado cumplimiento a los dispuesto mediante Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios Nº 1248/09 y Nº 1254/2014 respecto de los contratos de locación de servicios y obra correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.

8 ) Cuáles son las razones por las cuales los responsables de los proyectos mencionados no cumplieron con la obligación de informar la Nómina del Personal con Contratos vigentes al Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) para los ejercicios 2010 a 2014 (cfr. Artículo 12 anexo I Decreto 2345/08).

Respecto del estado de ejecución del Sub-Programa I “Promoción de la Producción Limpia”, parcialmente financiado con fondos provenientes del préstamo BID 1865-OC/AR:

1) Cuáles son las razones por las cuales al momento del cierre del plazo de ejecución del Programa, en diciembre de 2014, sólo se había ejecutado el 37% del presupuesto total del subcomponente asignado. Precise qué medidas fueron adoptadas a fin de cumplir en el nuevo plazo de ejecución otorgado, esta vez de 3 años, lo que fue incumplido en el primer plazo acordado, de 5 años.

2) Cuál es el monto financiero efectivamente desembolsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el monto efectivamente ejecutado a la fecha.

3) Cuáles son las razones por las cuales la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) del Sub-Programa I -SAyDS- no superó el 54% de ejecución de los Programas Operativos Anuales (POA) correspondientes a los ejercicios 2012 a 2014. Detalle qué medidas fueron adoptadas por las autoridades de la SAyDS tendientes a corregir y profundizar el nivel de análisis al momento de confeccionar los POA en pos de una gestión eficiente de los recursos públicos.

4) Cuáles son las razones por las cuales, a pesar de haber sido contemplada como una de las ocho provincias seleccionadas por la importancia del sector industrial representado por sus PyMEs y que cuentan, en su mayoría, con experiencia en Programas de Producción Limpia (cfr. ANEXO UNICO “EL PROGRAMA”), no se verifica en la provincia de Córdoba la participación de ningún grupo de PyMEs en el Programa de Producción Más Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE), así como tampoco empresas beneficiarias del programa.

5) Cuáles son las medidas adoptadas por la SAyDS tendientes a corregir las crecientes irregularidades cometidas por la UEP en los procesos de compras y contrataciones, conforme surge de los informes elaborados por la Auditoría General de la Nación (AGN) para los ejercicios financieros 2013 y 2014.

Respecto del“Proyecto Nacional de para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”, parcialmente financiado con fondos provenientes del contrato de préstamo Nº 7362-AR BIRF:

1) Qué evaluación realizó la Unidad Nacional de de Residuos Sólidos Urbanos (UNRSU) por la que consideró apropiado, en el marco de la Licitación Pública Nacional (LPN) 1/2009 “Clausura y Saneamiento de Microbasurales Municipio de Córdoba”, disponer los RSU en un inmueble sobre el cual no se pudo constatar la titularidad o posesión legal por parte del municipio beneficiario en contraposición con la Cláusula 3.06 del Convenio de Préstamo, conforme surge del Informe de auditoría aprobado por Resolución AGN 104/14.

2) Qué medidas de acción correctivas han sido implementadas a fin de que las Unidades Ejecutoras de proyectos con financiamiento internacional cumplan sus funciones con probidad y eficiencia, en tanto han sido constatadas múltiples irregularidades formales en los procesos de adjudicación de contratos de obra ejecutados en el marco del Programa, así como retrasos no justificados en varias de las obras sin aplicación de las correspondientes acciones administrativas por parte de la Unidad Ejecutora y en algunos casos certificaciones de avances de obra no ejecutadas por las contratistas, conforme surge de los Informes aprobados por resoluciones AGN 117/13 y 104/14.

3) Cuáles son los motivos por los cuales, en el Programa de referencia, se efectúan contrataciones de consultores en forma previa a la emisión del certificado de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyo objetivo es constatar la inexistencia de causales de incompatibilidades y rescisiones con causa en el sistema de empleo público -Decreto 2345/08, art. 11, Anexo I. En razón de que el incumplimiento del mencionado requisito es causal de anulabilidad del acto contractual, precise qué medidas han sido adoptadas respecto de las contrataciones celebradas bajo estas condiciones.

4) Cuáles son las razones por las cuales se incumplen los requisitos procedimentales establecidos mediante decreto 2345/08, particularmente en lo que refiere al deber de informar en un plazo no mayor a cinco días las contrataciones de consultores a la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública  -cfr art. 13. Precise qué medidas y acciones correctivas han sido adoptadas con el propósito de corregir estas irregularidades.

5) Cuáles son las razones por las que son contratadas personas físicas que no cumplen con los requisitos de idoneidad concretos establecidos mediante decreto 2345/08, conforme surge de los informes de auditoría aprobados mediante resoluciones AGN Nº 117/13 y 104/14.

Respecto del Préstamo BID 3249/OC-AR “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”:

1) Considerando que la Unidad Nacional de Residuos Sólidos Urbanos (UNRSU) del “Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos” -Contrato de préstamo Nº 7362-AR BIRF- no cumplió las metas financieras y físicas en el plazo establecido originalmente de 60 meses, indique cuáles fueron las razones que motivaron la formulación y puesta en marcha de un nuevo proyecto con financiamiento internacional a ser ejecutado por la misma Unidad Ejecutora en un plazo similar, pero esta vez con metas financieras que triplican el anterior proyecto. Detalle qué medidas fueron adoptadas tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas.

2) Cuáles fueron las razones que motivaron la inclusión de proyectos a ser ejecutados en los municipios de Berazategui y Florencio Varela, siendo que éstos ya habían sido receptores de recursos para la ejecución de obras en el marco PNGIRSU, en detrimento de otros municipios con problemáticas similares.

Respecto del Proyecto PNUD ARG/13/006 -“Red Nacional de Voluntariado Ambiental- PLANTAR”:

1) Cuáles fueron las razones por las cuales se consideró necesario ejecutar a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un  proyecto que debería haber sido desarrollado por la propia Secretaría, en virtud de las responsabilidades que el Decreto Nº 830/06 le asigna. Precise si la Secretaría no contaba con recursos humanos capacitados para el desarrollo de los objetivos trazados por la Red Nacional de Voluntariado Ambiental.

2) Cuál es el “costo de apoyo” de ejecutar este proyecto con intermediación del PNUD.

3) Indique si la “Red Nacional de voluntarios y voluntarias ambientales” ya ha sido creada y, en ese caso, cuántas personas la integran en cada una de las regiones.

4) Cuántos cursos de formación y capacitaciones fueron dictados hasta la fecha. Indique fecha, lugar de realización y cuántas personas han sido capacitadas.

5) Cuántos proyectos ambientales han sido evaluados y ejecutados. En particular:

1. Cuáles fueron los medios utilizados para dar publicidad a cada convocatoria.

2. Cuántos proyectos recibieron asistencia financiera. Discrimine por municipio.

3. Cuál fue el monto total de fondos no retornables otorgados hasta la fecha.

6) Cuáles fueron las universidades seleccionadas para la elaboración de los criterios de evaluación de proyectos. Indique el valor total de los recursos comprometidos en los convenios celebrados con cada una de estas universidades.

7) Cuáles fueron las personas físicas o jurídicas contratadas para “diseñar y desarrollar las campañas mediáticas” y cuál fue el monto total abonado para dicha tarea.



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

En el año 1973, con la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el ámbito del Ministerio de Economía se instaló la temática ambiental como política de Estado en un momento histórico en el que el mundo recién comenzaba a identificar la modificación antrópica del ambiente como una problemática, sobre todo luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo 1972).

Tras este puntapié inicial comenzó un derrotero que revela cómo la autoridad ambiental nacional fue cambiando constantemente su dependencia institucional.

Mediante el Decreto Nº 20/99, la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, sólo cuatro años más tarde mediante el Decreto Nº 295/03 fue transferida al Ministerio de Salud bajo la denominación de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Fue para el año 2006 cuando por medio del Decreto Nº 828/06 y con motivo de la firma del “Acta de Gualeguaychú” se ampliaron las competencias de la Jefatura de Gabinete de Ministros asignándole las relativas a la implementación de la política ambiental, la preservación y protección de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, lo que derivó en la emisión posterior del Decreto Nº 830/06 mediante el cual la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable pasó a desempeñar sus funciones bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Conforme con las reglas de distribución de competencias, que en materia de preservación y protección ambiental estableció la reforma constitucional del año ´94, el ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción pero la tutela ambiental es un desafío común y compartido. Encontramos en cabeza de la Nación la competencia de establecer el ordenamiento jurídico de presupuestos mínimos de protección ambiental y, al mismo tiempo, es la autoridad nacional de aplicación de las mismas. Es así que, en tanto el sistema adoptado por nuestro país es federal y que los problemas ambientales no respetan límites políticos, resulta fundamental que la política ambiental se asiente en un escenario jurídico e institucional que combina normas y organismos de los niveles nacional, provincial y municipal. El rol del gobierno nacional está definido por las responsabilidades atribuidas por la Constitución Nacional para fijar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y el deber de proveer a la protección del derecho a un ambiente sano y de promover el desarrollo sustentable.

La función legislativa no es la única que recae sobre el Estado nacional, también es el encargado de implementar la política ambiental e intervenir en los aspectos técnicos relativos a la gestión ambiental sobre todo el territorio; coordinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto sobre el ambiente; establecer la planificación estratégica de políticas y programas ambientales; entender en el ordenamiento ambiental del territorio y en la planificación e instrumentación de la gestión ambiental nacional; intervenir en la preservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente, en la implementación del desarrollo sustentable, en la utilización racional y conservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, en la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.

La responsabilidad de los gobiernos de elaborar e implementar políticas ambientales destinadas a proteger recursos naturales o preservar cuando menos el estado del ambiente en general como ámbito propicio para garantizar la calidad de vida de todos los habitantes, resulta cada vez más necesaria. El desarrollismo exacerbado que viven muchos países, impulsado por una necesidad propia de estos tiempos de crecimiento económico sostenido, debería encontrar sus límites en el desarrollo sustentable. Lo cierto es que la problemática ambiental, como función del Estado, nunca ha sido encarada como una política estatal profunda, y para confirmarlo alcanza sólo con recorrer el derrotero institucional que ha sufrido la máxima autoridad ambiental nacional en los últimos 15 años.

Pero aun más preocupante resulta observar la falta de un plan de trabajo de largo plazo. La política pública destinada a lograr el delicado equilibrio entre desarrollo y preservación ambiental debería haber sido elaborada en forma inmediata tras la sanción de la Constitución del ´94. Argentina fue pionera en la región, pero debimos esperar ocho años para dictar la primera ley marco en materia ambiental.

Fue recién en el año 2002 cuando el Congreso Nacional sancionó la ley Nº 25.675, en cumplimiento del dogma constitucional que supo marcarnos la Asamblea Constituyente, creando los instrumentos básicos para la gestión y preservación ambiental: a) ordenamiento ambiental del territorio, b) evaluación de impacto ambiental, c) sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, d) educación ambiental, sistema de diagnóstico y e) información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Luego sucedió un sinnúmero de iniciativas parlamentarias que en muy pocos casos lograron traspasar el umbral mínimo que permitirá comenzar a construir un marco de respeto sobre los recursos y una gestión sustentable articulada con las políticas de desarrollo económico al que toda nación aspira.

Hubo dos grandes leyes que generaron conflictos políticos y arduos debates en Argentina: las llamadas “Ley de Bosques” y “Ley de Glaciares”, sancionadas en 2007 y  2010 respectivamente. Ambas normas regulan industrias estratégicas para muchas provincias imponiendo reglas de protección de recursos claves como son los bosques nativos y los glaciares.

El Poder Ejecutivo ha implementado parcialmente esos marcos normativos. Como ejemplo de su deficiente voluntad política basta con mencionar que la primera norma -Ley General del Ambiente- sigue esperando que varias de sus herramientas sean reglamentadas para lograr su aplicabilidad, mientras que la segunda de ellas -Ley de Bosques- fue reglamentada dos años después de su sanción y la tercera –Ley de Glaciares- fue reglamentada tres meses después del plazo establecido normativamente.

¿Por qué ocurre esto? Porque no existe una política de Estado en la materia. En primer término debemos destacar que no existe un Ministerio de Ambiente sino una Secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete, lo que menoscaba su peso político. En un segundo término observamos la carencia de un entramado institucional que permita una coordinación eficiente de los recursos y una mejor implementación de las leyes ambientales ya que el órgano creado a este fin, el COFEMA, más parece ser un espacio cerrado que busca evadir la aplicación efectiva de políticas ambientales que un ámbito de coordinación y consenso en pos de la preservación. Por último, y tal vez el punto más relevante, no se vislumbra voluntad política de poner las problemáticas ambientales entre las prioridades gubernamentales. Se destinan pocos recursos para este fin: baja asignación de recursos para la aplicación de leyes de presupuestos mínimos (Ley de Bosques, por ejemplo), designación de funcionarios políticos sin compromiso con el área, etc.

En este contexto es que, tras la resonante salida de la Dra. Romina Piccolotti de la conducción de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el año 2008,  el área se vio afectada por una serie de denuncias respecto a la falta de transparencia en la ejecución financiera que motivó disolución del Servicio de Administración Financiera (SAF) del área, supeditando así la ejecución de las tareas a la administración central de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  Situación que atentó ostensiblemente en el cumplimiento de metas.

Así es como en los últimos años se observa, con algunas excepciones, un grado de sub-ejecución presupuestaria de marcada importancia. En este sentido cabe citar los porcentajes de la ejecución presupuestaria que, para la finalidad y función “Ecología y Medio Ambiente”– programa 317 ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable-, la Oficina Nacional de Presupuesto informa para los años 2008 (68%), 2011 (94.6%), 2012 (72%) y 2013 (64%), todo ello a pesar de que la Administración Pública Nacional contó durante todos estos años niveles de gastos muy superiores a los previstos originalmente en las leyes de presupuesto sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación. Concluido el ejercicio 2014, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) mostró un nivel de gastos del 31% por sobre los previstos originalmente en la Ley de Presupuesto, pero nuevamente observamos que la función “Ecología y Medio Ambiente” reflejó un nivel de ejecución muy por debajo de lo previsto: 88% con un total de $1.166,4 millones. Panorama que no muestra modificaciones si observamos la situación respecto a la ejecución correspondiente al presente ejercicio, donde la SAyDS tan sólo acumuló una aplicación efectiva de recursos, al mes de abril, por un total de $841,21 millones, lo que representa tan sólo un 48,87% de las partidas previstas aunque el nivel general alcanzado se encuentre en la línea del 30,3% para toda la APN.

Esta sub-ejecución general del área hace presuponer una incorrecta planificación en la administración de la cosa pública. En la ejecución presupuestaria a nivel de proyectos específicos podemos observar errores en cuanto a la planificación anual de tareas y recursos, o cuando menos una deficiente ejecución de las tareas programadas para cada ejercicio. La Auditoría General de la Nación, en sus informes de auditoría sobre los estados financieros del Sub-Programa I “Promoción de la Producción Limpia (contrato de préstamo BID 1865-OC/AR) ha revelado reiteradamente los incumplimientos en la ejecución de los Planes Operativos Anuales (POA) correspondientes a los ejercicios financieros 2009 a 2014, con un promedio general de sub-ejecución del orden del 59%: 56,76% (2014); 54% (2011) y 69,38% (2012).

Es por esta razón que solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional informe las razones que han motivado que en los últimos ejercicios no se haya alcanzado el mínimo razonable de ejecución de los recursos que el Estado dispone para cumplir con la finalidad y función “Ecología y Medio Ambiente”, así como cuáles son las medidas que serán adoptadas tendientes a corregir estos desajustes en la aplicación de los recursos públicos.

A finales del año 2003 el por entonces Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner emitió el Decreto Nº 1172/03, sustentado en que “la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública” al tiempo“que el derecho de acceso a la información pública es un prerrequisito de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos para una mejor comunidad”. Mediante el citado decreto se reglamentaron las Audiencias Públicas, el Registro de Gestión de Intereses, el Libre Acceso a la Información y las Reuniones Abiertas como herramientas de transparencia en la gestión pública. El Anexo III aprobó el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el Ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, quedando obligados todo los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a asentar en el “Registro de Audiencias de Gestión de Intereses” toda audiencia desarrollada por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros -con o sin fines de lucro- cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el Registro, de consulta pública, no acredita actividad por parte de quienes ejercieron el cargo de Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde el mes de marzo de 2010. También sobre este incumplimiento, vinculado con la transparencia en la gestión y el derecho fundamental a acceder a la información pública, es necesario requerir respuestas al Poder Ejecutivo.

En las sucesivas conducciones de la SAyDS se instituyó como metodología de ejecución de los programas propios del área la celebración de acuerdos con organismos internacionales de gestión que les permite, mediante la tercerización de la administración de los recursos del Estado, cumplir parcialmente con sus objetivos. En este contexto se potenció la gestión de la política pública ambiental por medio de micro proyectos temáticos ejecutados mediante convenios con organismos tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el UnitedNations Office for Project Services (UNOPS). Esta metodología permite extraer partidas financieras globales del presupuesto general de la administración pública y ser ejecutadas de acuerdo a las políticas y Manuales Operativos que dichos organismos se dictan para sí, evadiendo de esta manera los sistemas de compras y contrataciones que el marco normativo establece para toda la administración pública nacional.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene un importante caudal de proyectos bajo la modalidad de “gestión PNUD”, referidos todos a acciones que deberían ser encaradas directamente con la estructura, mecanismos y funcionarios del organismo, ya que se trata de temáticas establecidas dentro de sus competencias: un ejemplo de esta práctica es la ejecución del “Programa para la Promoción de la Producción Limpia” de administración PNUD, el cual debería ser ejecutado dentro de la órbita de la Dirección de Producción Limpia dependiente de la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable, o el “Programa PLANTAR”, que debería ser ejecutado en forma directa y sin tercerización desde la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación ya que entre sus objetivos normativamente establecidos está el de “propender a la toma de conciencia y la participación de la sociedad argentina en todo lo atinente a la fiscalización y control ambiental, generando mecanismos de difusión de información relativa a dicha temática”.

Esta situación refleja la voluntad del Poder Ejecutivo de tercerizar, en estos casos a través de un organismo internacional, la adquisición o contratación de bienes y/o servicios y el diseño de proyectos y/o ejecución de obras. Al margen de la consideración que merezca tal decisión respecto de su eficacia financiera, corresponde solicitar a las autoridades toda aquella información que nos permita determinar si efectivamente la modalidad operativa instrumentada por intermedio del PNUD se sujeta a la normativa que regla en nuestro país la gestión de los recursos y los procesos licitatorios y de qué manera se ha garantizado el acceso de los organismos de control del Estado a los bienes, fondos, haberes o documentación vinculados a los proyectos asistidos por la Oficina de las Naciones Unidas.

Esta metodología empleada es justificada en la función propia de las Sistema de Naciones Unidas (SNU), cuyo objetivo es la transferencia de capacidades a los países en materia de gestión de recursos y conocimientos que en el “Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo” (MANUD) se acordó con el Estado Nacional. Este marco surge con el objetivo de apoyar el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas y el desarrollo de capacidades y mecanismos institucionales a nivel nacional, provincial y local para el fomento de la innovación, la incorporación de conocimiento y la agregación de valor en la producción de bienes primarios, manufacturas y servicios y promover e incorporar plenamente enfoques y conceptos como el trabajo decente, la protección de los derechos humanos, el respeto por los derechos laborales fundamentales, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la transparencia, claves para articular eficiencia y equidad.

Esta metodología de trabajo, mediante la ejecución de proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento externo, bilateral o multilateral y a los administrados por organismos internacionales, si bien se encuentra sujeta a normas propias establecidas por la propia agencia de las Naciones Unidas, no queda exenta del cumplimiento de los requisitos establecidos mediante Decreto Nº 2345/2008 respecto a la contratación de los recursos humanos que se requieran a tales efectos. Este régimen fue instituido por el Poder Ejecutivo para circunscribir “la contratación de consultores de alto nivel de profesionalismo para la provisión de servicios de naturaleza extraordinaria, especializada o específica, materializables en términos prefijados” y “propender a la transparencia y calidad de las contrataciones”. Mediante esta norma se establecieron los perfiles y el régimen retributivo según la función y experiencia en la misma, de los consultores profesionales, al tiempo que se propicia un sistema de base igualitaria y transparente en la asignación del nivel de los honorarios y se fijan los recaudos precisos para la solicitud, aprobación y control de los servicios profesionales que se contraten. Este decreto establece, con total precisión y con carácter de obligatorio, los requisitos específicos para la función acorde al grado de responsabilidad y de capacidades requeridas para cumplir con idoneidad el cargo para el cual es contratada la persona. No obstante se observa en los informes de auditoría sobre los estados financieros, elaborados por la Auditoría General de la Nación respecto de los Contratos de Préstamo Nº 7362-AR BIRF y 1865/OC-AR BID correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, el apartamiento expreso de los mencionados requisitos de idoneidad tanto como el incumplimiento, en algunos casos, de la obligación de verificar previamente la inexistencia de incompatibilidades o rescisiones con causa informadas por parte de algún organismo nacional. También estas auditorías han podido verificar incumplimientos respecto del deber de informar a la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros la aprobación de los contratos celebrados en estos términos. Por estas razones es que se requiere al Poder Ejecutivo informe las causas por las que se están soslayando las obligaciones que el mencionado régimen establece para propender a la transparencia y calidad de las contrataciones que el Estado efectúa.

Hemos advertido que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no es un organismo jerarquizado institucionalmente. Pero la institucionalidad no sólo remite al organigrama de la Administración Pública Nacional sino a la continuidad de las políticas, a la administración transparente y eficaz de los recursos, el apego a las normas y procedimientos establecidos para la concreción de proyectos, a las metas ambientales de largo plazo.

Lo que advierte la Auditoría General de la Nación en los casos reseñados revela que hay serias inconsistencias respecto de las políticas ambientales, que desde 1994 deberían haber sido, por el contrario, cada vez más sólidas, transparentes y encaminadas a proveer a la ciudadanía el ambiente sano que nuestra Constitución consagra.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.-


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