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Protesta y derechos humanos

El derecho a la protesta pone en tensión el ejercicio de otros derechos. La falsa dicotomía entre “dejar hacer” y “reprimir” tergiversó el lenguaje democrático y postergó el debate en torno a la armonización entre esos derechos

Publicado el 11 marzo, 2016 @ 17:35

“Acuerdos sin espadas no son más que palabras”, escribió el filósofo inglés Thomas Hobbes, quien se sentía un hijo del miedo porque había nacido bajo el terror a la Armada Invencible española. Cuatro siglos antes de que otro terror, el del nazismo, contrariara su sentencia: las palabras suplieron a las espadas, precisamente, para evitar el terror. ¿Acaso existen mayores palabras que las contenidas en la normativa universal de los Derechos Humanos? Sin armas obligan a los Estados a proteger a sus ciudadanos de las opresiones, los abusos y la crueldad. Una filosofía jurídica nacida en 1948, a la que adhirieron las Constituciones democráticas. En Argentina, los constituyentes que reformaron la Carta Magna expresaron jurídicamente el “Nunca Más” al darle rango constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Una forma, también, de decirle al mundo que nuestro país se comprometía con el sistema democrático. Fue el terror el que, paradójicamente, dio ese impulso modernizador a nuestra legislación. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue fundamental para denunciar las torturas, los secuestros y las desapariciones. Hoy, tanto sus sentencias como sus recomendaciones son una guía para la formulación de una legislación respetuosa de los Derechos Humanos.

El debate en torno a la colisión de derechos y el rol del Estado como garante y armonizador de esos derechos anticipa en el Congreso de la Nación un debate fascinante y necesario. Debates que no son patrimonio exclusivo de Argentina, ya que los nuevos desafíos de la democracia ponen en discusión pregunta esenciales: ¿Qué instrumentos debe utilizar el Estado para regular el derecho a la protesta de manera tal que éstos no vulneren los tratados internacionales de Derechos Humanos? ¿Son los derechos absolutos y por eso innegociables? ¿Las demandas, que son negociables, pueden equipararse a derechos? ¿Es la ley el límite del derecho o el límite del derecho es la ley? ¿Existen jerarquías entre los derechos o son circulares y el único límite admisible es la responsabilidad en su ejercicio?

En nuestro país, como en el resto de la región, muchas de estas respuestas están en las sentencias judiciales que debieron resolver la tensión entre los derechos y las figuras tipificadas en los Códigos Penales, muchas veces un límite a esos derechos, tal como sucede en algunos casos con el artículo 194 de nuestro Código.

Existe entre nosotros una fuerte tradición de utilizar las plazas para festejar o reclamar. En las últimas décadas democráticas esta práctica adoptó una forma original, “los piquetes”. Aun cuando se encuentran antecedentes en el siglo pasado, fue la crisis de los desocupados en el final de los años noventa la que inauguró la modalidad de la protesta social con cortes de rutas en el sur y norte del país. Al inicio se trataba de protestas aisladas, que luego fueron llegando a las zonas mas pobladas del país, en el Gran Buenos Aires, para convertirse en los últimos años en parte del paisaje urbano a juzgar por las reacciones de sorpresa y curiosidad que manifiestan los extranjeros que visitan la capital del país.

Lo cierto es que en la última década la protesta social fue ocupando un lugar en el espacio público, donde, a la par, fue creciendo el fastidio urbano de los que llegan tarde a sus trabajos y circulan por la ciudad, desde las ambulancias hasta el transporte público o los automóviles particulares. El espacio público es el lugar donde las sociedades revelan su índole cultural y su desarrollo, el lugar en el que la igualdad de derechos deriva en una disputa entre los que protestan y los que reclaman para poder circular sin obstrucción. El lugar, también, donde el dilema nos increpa: ¿Cómo hacer convivir el derecho a la protesta y el derecho a transitar?

La falsa dicotomía entre “dejar hacer” y “reprimir” tergiversó el lenguaje democrático, que es el de la deliberación, y postergó el debate en torno a la tensión entre los derechos y los delitos definidos en nuestro Código Penal.

Los Derechos Humanos son valores inherentes a la condición humana y cuando se trata de salvar vidas de la opresión y las tiranías, la dignidad de la vida humana se impone como un valor universal absoluto. Y por eso no puede ser moneda de negociación. En las democracias consolidadas, ser sujeto de derecho no entraña una superioridad moral sino el compromiso de vivir en una comunidad de iguales, en la que los conflictos se resuelven por el diálogo y no por la violencia. La igualdad libera intereses en pugna y las demandas desnudan los conflictos que obligan al Estado a la deliberación y a la negociación para encontrar una solución. El derecho a protestar y el ejercicio de la libertad para expresar disconformidad, indignación y para peticionar a las autoridades son un lenguaje para resolver los conflictos. El compromiso mínimo con los Derechos Humanos es aceptar esa deliberación, porque el diálogo y la negociación son esenciales al sistema democrático. La confrontación es la negación misma de la filosofía de los Derechos Humanos.

Porque se tiene libertad para decir se puede reclamar porque falta el pan o el trabajo. Para proteger el derecho igualmente legítimo de las personas a circular, la regulación de ese equilibrio, en bien de todos, debe ser razonable y gradual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002, cuando ya se comenzaba a insinuar en toda la región la tensión entre estos derechos, estableció que el derecho a protestar debe ser protegido, pero sin dejar de considerar que no es absoluto, por lo que puede regularse con la limitación del tiempo, lugar y forma, en beneficio del espacio público; sin intervenir en el contenido de la protesta. No existe ni en el Sistema Universal ni el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ninguna protección a la violencia. La custodia del “orden público” implica tanto la seguridad de quienes protestan como de quienes no lo hacen. Es entonces cuando el Estado debe acudir, con normas claras y apegadas a los estándares internacionales de Derechos Humanos, a regular el derecho a la protesta. No para menoscabarlo sino, por el contrario, para garantizar su ejercicio dentro del cauce constitucional.

Tanto el ejercicio de la libertad de expresión como el de la protesta no pueden incitar al odio y a la violencia, tal como lo establece el Pacto de San José de Costa Rica. El Estado no puede jerarquizar los derechos, de lo que se trata es del saludable y difícil equilibrio de garantizar esos derechos e impedir que su ejercicio afecte a terceros. Ningún fin noble, como son los reclamos por pan y trabajo, pueden justificarse con manifestaciones violentas. El Estado debe velar para proteger ese derecho y, a la par, debe intervenir para ponderar la razonabilidad de esa demanda en función de la preservación de otro bien a tutelar, el orden público y la seguridad de los ciudadanos.


NORMA MORANDINI
Directora
Observatorio de Derechos Humanos



INFORME PROTESTA SOCIAL OBSERVATORIO DE DDHH [1]


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