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EL PELIGRO DE IMPROVISAR

Preocupa la construcción del dique que se proyecta sobre el río Carapé, dentro de la “Reserva Natural de la Defensa Ascochinga”, una conquista de los vecinos de La Granja para todos los cordobeses.

Publicado el 3 septiembre, 2016 @ 21:59

Para contrariar la sentencia de que la única lección de la Historia es que nadie aprende de las lecciones de la Historia, los cordobeses tenemos una oportunidad única para corregir lo que como escándalo hoy conmueve y eriza a todo el país: la obra pública construida a espaldas de la ciudadanía. Para superar el oscurantismo que ampara esos manejos, el Congreso de la Nación se apresta a sancionar, a más de tres décadas del regreso de la democracia, la Ley de Acceso a la Información Pública, un derecho postergado en nuestro país. Porque la información es un derecho, no una mercancía de propaganda, el que los funcionarios estemos obligados a dar esa información contribuirá a transparentar al Estado en todos aquellos asuntos que tienen que ver con el bien de todos. Especialmente, los temas ambientales, que demandan actitudes de prevención para evitar los daños futuros. Por eso preocupa la construcción del dique que se proyecta sobre el río Carapé, dentro de la “Reserva Natural de la Defensa Ascochinga”, una conquista de los vecinos de La Granja para todos los cordobeses, ya que con esa protección se intentó detener el proceso depredador que ha convertido a nuestra serranía en un lugar vulnerable a la desmesura de las lluvias y los vientos.

La obra proyectada sobre el curso del Carapé para contener las posibles crecidas del río inundará, en su cota máxima, 32 hectáreas de la Reserva. Con el mal ejemplo del Camino del Cuadrado, que permaneció más tiempo inhabilitado que útil y que hoy se encuentra cerrado por un plazo indeterminado, la nueva obra no puede proyectarse de apuro, con estudios de impacto ambiental imprecisos, sin que se escuche a la ciudadanía y las Audiencias Públicas sirvan nada más que para convalidar decisiones adoptadas de antemano.

No son pocas las irregularidades que nos preocupan. Entre ellas, que la licitación de la obra del dique se haya publicado antes de que se iniciara el proceso para obtener la Licencia Ambiental, formalizado con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental el 12 de mayo. Entre otras carencias, el Estudio no considera los impactos ambientales que generará el desvío de la ruta E 66 y si bien se establece que deben plantarse tres árboles por cada uno que destruya la construcción del dique, no se especifica dónde ni en qué condiciones se implantarán. Las contradicciones no paran ahí: se dispone que la obra demorará un año, pero en el Pliego Particular de Condiciones se fijan 540 días. Además, se le permite al oferente la posibilidad proponer cambios tecnológicos y alternativas de proyecto, lo que convierte al Estudio de Impacto Ambiental en superfluo porque analiza un proyecto que podría no ser el definitivo.

Todas estas contradicciones ya fueron advertidas por los vecinos de La Granja, reunidos en la Mesa del Agua, quienes tuvieron un rol relevante a la hora de conseguir que esas tierras fueran protegidas como una Reserva Natural. A la par, es comprensible y atendible la preocupación de los productores rurales de Jesus María, que reclaman obras al gobierno provincial, pero no es admisible que se haga de cualquier manera, sin atender las demandas de los ciudadanos o  vulnerando nuestras propias normas ambientales. Si la democracia es el sistema que nos hace iguales ante la ley y nos obliga a trabajar sobre los conflictos, el Estado no puede promover la disputa entre las regiones sino armonizar las diferencias. Nada muestra más el fracaso de la política que cuando los vecinos deben acudir a la Justicia, tal como sucedió con el amparo que presentaron los vecinos de Jesús María para que el Gobierno de la Provincia diseñara un plan de obras que nos protegiera de las inundaciones.

No se trata de no hacer las obras, se trata de no hacerlas a las apuradas, en medio de un área protegida, sin estudios técnicos sobre su viabilidad y sin que las regiones confronten cuando comparten las mismas cuencas hídricas. No deja de ser paradójico que en tanto los vecinos de La Granja debieron organizarse por causa de la falta de agua, los vecinos de Jesus María demanden un paredón que les impida el paso del agua cuando hay crecidas. El trasfondo grave de esa paradoja es que se presente como solución a las inundaciones obras que generarán, precisamente, los impactos ambientales negativos que nos condujeron hasta acá, como la deforestación irracional.

La desmesura climática nos obliga a soluciones integrales. Es la mejor forma de ayudar a los gobernantes para evitar que, tal como sucede en la actualidad, a futuro la Justicia deba juzgar y condenar lo que mal se hizo apuro.

Con nuestros bosques amenazados y nuestra provincia en penitencia por no adaptar su ley provincial al resguardo mínimo legal impuesto por la llamada “Ley de Bosques”, sancionada por el Congreso de la Nación en 2007, fue una muy buena noticia saber que Córdoba había sumado a Ascochinga a sus Reservas Naturales de la Defensa, tal como sucedió con las tierras del Tercer Cuerpo de Ejército. Si la protección de Ascochinga buscó compensar la tala de nuestros bosques serranos para proteger las especies en extinción y el agua que esconden las serranías, la construcción del dique no debiera poner en riesgo ese valor, sobre todo a la luz de lo que nuestro país revisa hoy como escándalo. El cuidado extremo, la planificación y la participación ciudadana son los que evitarán que en nuestro país a futuro se revise en la Justicia lo que mal hacemos por las urgencias y la improvisación.

DOCUMENTOS OBRA EN CARAPE RESERVA NATURAL DE LA DEFENSA ASCOCHINGA [1]


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