- NORMA MORANDINI - http://www.normamorandini.com.ar -

Tarde e irreparable

Procesan a un cura y a tres arquitectos por daño en la iglesia jesuítica de Alta Gracia. Se removieron lápidas centenarias, se extrajeron restos arqueológicos, pero permaneció ese odioso legado autoritario: el secretismo.

Publicado el 3 septiembre, 2016 @ 22:12

Cuando la Justicia reemplaza a la política, la que fracasó es la política. Una verdad de Perogrullo. Sin embargo, no se la reconoce como tal, por la confusión que existe en torno de la función de la política, reducida a ganar las elecciones o a los juegos del poder.

Es lo que sucedió con el procesamiento al cura Marcelo Siderides, de Alta Gracia, y los tres arquitectos del Instituto Marina Waisman, de la Universidad Católica de Córdoba, por la destrucción del templo de la Iglesia Nuestra Señora de La Merced, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y Monumento Histórico Nacional por la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos.
Hace ya más de seis años, los representantes de los más de 1.500 descendientes de la familia Losada, fundadora de Alta Gracia, alertaron al párroco, al arzobispo, a la intendencia, a las autoridades de la Provincia –que otorgaron al cura una “ayuda económica no reintegrable” de 3.133.213,92 pesos– de que no se había establecido ningún mecanismo riguroso de control e inspección de las obras proyectadas y luego ejecutadas.
La misma advertencia fue dirigida a la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos acerca de que las obras significaban una clara violación “de todos los principios de conservación del Patrimonio de la Humanidad reglamentados para todas las obras del mundo”.
Haciéndome eco de esa preocupación, en cumplimiento de la función de control que los principios republicanos otorgan al Congreso de la Nación, como senadora reclamé información, desde 2012.
En primer lugar, lo hice ante las autoridades provinciales para saber a qué organismos técnicos habían consultado –como mandan las normas nacionales e internacionales de protección– y cuál era su respuesta a las denuncias de los vecinos en relación con la negligencia y la improvisación con que se encaraban las obras.
Tiempo después, cuando ya los daños eran evidentes y se decidió emprender nuevos trabajos para reparar la frustrada restauración, volví a indagar, sin resultados, cómo se garantizaba la información pública sobre lo sucedido y si la Provincia había ido a la Justicia para denunciar a los responsables de los daños que por esa época ya las autoridades habían reconocido.
A la par, mediante pedidos de informes solicité a la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos que explicara de qué manera cumple con las “directrices prácticas de la Convención del Patrimonio Mundial para bienes declarados Patrimonio de la Humanidad” y articula acciones con los gobiernos locales para la preservación de esos bienes.
La Comisión, por entonces, deslindó sus responsabilidades en la Provincia y no respondió acerca de las razones que le hicieron prevalecer los reclamos de la curia para la reapertura del templo sin que existiera un plan integral.
Como en el juego de “al don Pirulero”, ninguno de los organismos o de las instituciones requeridas respondían por sus obligaciones, además de recibir con molestia las solicitudes de información, cuando a la luz de los procesamientos actuales, de haber escuchado a quienes alertábamos sobre aquellas impericias, se hubieran evitado daños mayores, ahora irreversibles.
El elevado estatus del legado jesuítico obliga a las autoridades competentes a cumplir con una serie de requisitos previos a la autorización o la planificación de una obra. Pasó lo contrario.
Lejos de proteger y revalorizar, se terminó destruyendo de manera irreparable el solado jesuítico. Se removieron lápidas centenarias, se extrajeron restos arqueológicos, pero permaneció ese odioso legado autoritario: el secretismo.
Desde que estalló en Alta Gracia el escándalo de las osamentas y las lápidas abandonadas de los fundadores de la ciudad, el cura cerró la iglesia y puso un guardia en la puerta para que nadie pudiera ver las obras que se realizaban dentro del templo.
Alertada por los vecinos, fui personalmente a la iglesia, donde las dificultades para acceder me dejaron la sensación de intrusa. El impacto de lo que vi fue desolador. Santos envueltos con bolsas de residuos, las maderas deterioradas, cables trifásicos a la vista. El daño irreversible en la iglesia, pero una herida más a nuestra débil democracia, en la que las autoridades no terminan de entender que la participación ciudadana y el control democrático son el corazón filosófico y jurídico de la democracia.
Sólo cuando el escándalo llegó a la tapa de los diarios, la Comisión Nacional fue lapidaria y las autoridades provinciales reconocieron el desastre. Ya era tarde. Se destruyó lo que se debió conservar.
No deja de ser una odiosa simbología que con un papa argentino, jesuita, que llena de orgullo a nuestra alicaída estima nacional, los cordobeses debamos avergonzarnos tanto por ver dañado el mayor patrimonio del legado arquitectónico de la Compañía de Jesús en Córdoba como por el atraso democrático de funcionarios que no terminan de aceptar que la democracia es participación ciudadana y control republicano.

* NORMA MORANDINI. Ex senadora nacional por Córdoba


Impreso en NORMA MORANDINI: http://www.normamorandini.com.ar

URL del artículo: http://www.normamorandini.com.ar/?p=11979

Copyright © 2010 NORMA MORANDINI. Todos los derechos reservados.